1. Organización

Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE 2012-01-28)

2. Procedimientos de Gestión e Inspección

Resolución de 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. (BOE 2012-01-30).

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria. (BOE 2012-2-2).

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012. (BOE 1-3-2012).

3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Orden HAP/637/2012, de 20 de marzo, por la que se reducen para 2011 y 2012 los módulos aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. (BOE 31-3-2012)

Orden HAP/638/2012, de 26 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2011, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. (BOE 31-3-2012)

4. Impuesto sobre Sociedades (IS)

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el Anexo III de la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas. (BOE 6-3- 2012)

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el Anexo III de la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE 6-3-2012)

Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. (BOE 17-3-2012)

5. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Orden HAP/637/2012, de 20 de marzo, por la que se reducen para 2011 y 2012 los módulos aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. (BOE 31-3-2012)

6. Otras disposiciones de interés

Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. (BOE 2012-2-4)

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE 2012-2-11)

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. (BOE 2012-2-25).

Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. (BOE 6-3- 2012)

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. (BOE 10-3-2012)

Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. (BOE 10-3-2012)

Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. (BOE 17-3-2012)

7. Andalucía

Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA 26-1-2012).

Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se regulan las declaraciones informativas de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en relación con los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-3-2012)

El pasado día 12 de Mayo de 2012 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

En el plano tributario, y con el objetivo de estimular la compra de los activos inmobiliarios, se introduce una exención parcial (50%) de las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquieran entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, exención que resulta aplicable al Impuesto sobre Sociedades (IS), Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre la Renta de No Residentes(IRNR), y condicionada al cumplimiento de unos determinados requisitos que resumimos a continuación.

Como requisitos generales, para que pueda resultar de aplicación dicha exención parcial, debe recordarse que deben cumplirse los siguientes requisitos:

• La adquisición debe realizarse entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.
• Debe tratarse de inmuebles urbanos, por lo que se excluyen a los inmuebles rústicos.
• La adquisición no puede realizarse a personas vinculadas con el comprador.

Adicionalmente, en relación con el Impuesto sobre Sociedades (IS), estarán exentas en un 50% las ganancias obtenidas en la posterior transmisión de dichos inmuebles, siempre que tuvieran la condición de activo no corriente, lo que excluye la posibilidad de aplicar este beneficio fiscal a las sociedades que tengan por objeto la compra y venta de inmuebles. Asimismo, esta exención parcial será compatible con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), también se establece una exención del 50%, pero indicándose expresamente que, en el caso de que el inmueble constituya la vivienda habitual en el momento de su transmisión y se reinvierta parcialmente el precio de la venta en la compra de una nueva vivienda habitual, la exención se aplicará de forma proporcional a la ganancia objeto de tributación.

En definitiva, estamos ante una medida de claro estímulo tributario a la adquisición de inmuebles, por lo que habrá que estar atento a los próximos acontecimientos para poder valorar si la citada medida fiscal ha dado el fruto esperado.

En el BOE del pasado día 4 de junio de 2012, ha salido publicada la Orden Ministerial HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Modelo 750, correspondiente a la Declaración Tributaria Especial, y que es la declaración con la que se podrá efectuar la regularización permitida por la amnistía fiscal vigente hasta el 30 de noviembre.
Os animamos a que consultéis la Sección de Artículos, donde podréis encontrar un artículo donde se analiza con mayor profundidad las ventajas e inconvenientes de dicha amnistía fiscal, los requisitos a cumplir así como las formalidades a cumplir en la confección y presentación de dicha declaración.

1. INTRODUCCIÓN

En fechas recientes se ha procedido al cobro de las cantidades que se les adeudaba, por parte de aquellas empresas que se han acogido al plan de pago a los proveedores de las entidades locales, aprobado por el Real decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. Por este motivo, entendemos que puede resultar de mucha utilidad un análisis de las implicaciones tributarias que el acogimiento a dicho régimen puede tener para los sujetos afectados.

Como consideración previa, deben recordarse las directrices marcadas por el referido Real Decreto, que facilitará el cobro de las facturas pendientes a 1 de enero de 2012. Así, en cuanto  al ámbito subjetivo de aplicación únicamente se incluyen las deudas de aquellas entidades locales que perciben ingresos por la participación en los tributos del Estado (estos fondos son precisamente los que constituyen la garantía última del mecanismo de financiación). De esta manera, quedan excluidas de este plan: entidades supramunicipales (áreas metropolitanas y entidades municipales de carácter asociativo como mancomunidades de municipios y consorcios), las comarcas y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Por el contrario sí resulta de aplicación a las obligaciones pendientes de pago de organismos y entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a las entidades locales y que están incluidos en el Inventario de Entes del Sector Público Local.

Delimitado así el sector público local, las obligaciones pendientes de pago a los contratistas habrán de cumplir losrequisitos siguientes para poder acceder a los beneficios del referido plan:

1. Que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles y que la recepción, en el registro de la entidad local,sea anterior al 1 de enero de 2012.
2. Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre.

Uno de los aspectos más llamativos y controvertidos que presenta el plan introducido a través del RDL 4/2012, es que las obligaciones de pago, deberán limitarse exclusivamente al importe del principal de la deuda pendiente de pagoIVA o IGIC incluido en su caso, debiéndose renunciar al cobro de posibles intereses de demora, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios[1].

2. IMPLICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Las implicaciones que el RD Ley 4/2012 tiene sobre el Impuesto sobre Sociedades, merece el análisis desde dos puntos de vista:

1. DETERIORO DEL CRÉDITO POR INSOLVENCIA

El artículo 12.2 TRLIS establece las normas de deducibilidad de las pérdidas por el deterioro experimentado por los créditos por eventuales insolvencia de los deudores en los siguientes términos:

“No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía:

1. Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público.

(…)”

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el referido del RD 4/2012, pasaremos a analizar las diferentes situaciones en las que pudiera encontrarse un crédito:

1. El crédito frente a la entidad local no fue objeto de provisión o deterioro contable alguno

Bajo este supuesto, el cobro del crédito no tendrá transcendencia fiscal alguna en el Impuesto sobre Sociedades, de forma que el cobro de dicho crédito motivará la cancelación del mismo y su sustitución por el efectivo cobrado.

2. El crédito frente a la entidad local se encuentra deteriorado contablemente y no ha sido objeto de reclamación judicial

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2. TRLIS, el deterioro experimentado en su día por el crédito no cumplía con el requisito de deducibilidad exigido por la norma (puesto que era un crédito adeudado por una entidad de derecho público), por lo que se tuvo que realizar un ajuste positivo en base imponible, generando en consecuencia una diferencia temporaria imponible.

En la actualidad, tras el cobro de ese crédito, será necesaria la regularización del deterioro registrado en su día (por aplicación de la provisión), contabilizando un ingreso por la reversión de la provisión o deterioro registrados. No obstante, en la medida en que se practicó en su día un ajuste positivo, será necesario practicar ahora un ajuste negativo, anulando de esta forma el posible ingreso contable.

3. El crédito frente a la entidad local se encuentra deteriorado contablemente y además, el mismo ha sido objeto de reclamación judicial.

En este supuesto nos encontramos con que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 12.2. TRLIS, razón por la cual, el deterioro registrado en su día se consideró fiscalmente deducible. El cobro que se produce ahora supondrá regularizar el deterioro registrado en su día aplicando la provisión, resultando un ingreso a todas luces computable en la base imponible, no procediendo así, realizar ningún tipo de ajuste.

2. CONDONACIÓN PARCIAL DEL CRÉDITO

El referido RD Ley 4/2012, en su artículo 8, prevé que “podrán establecerse como criterios para prioridad de pago, entre otros, los siguientes: a) Descuento ofertado sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago (…)”

Adicionalmente, debe recordarse que el acogimiento al plan de pagos supone para el proveedor la renuncia a reclamar intereses de demora, gastos de cobro, costas y cualesquiera otros gastos accesorios.

Por este motivo, tal renuncia tendrá especial relevancia a efectos del Impuesto sobre Sociedades, puesto que la renuncia a reclamar dichas cantidades supondrá un reconocimiento de una pérdida que afectará al resultado contable, y en la medida que consideremos dicha condonación como una liberalidad o donación, en virtud del artículo 14.1 e) TRLIS, nos encontraríamos ante un gasto fiscalmente no deducible.

En este sentido, entendemos que es defendible la inexistencia de la citada liberalidad, en la medida en que dicha renuncia viene impuesta por el propio Real Decreto-Ley 4/2012, como requisito para acogerse al régimen. A este respecto, debe traerse a colación las contestaciones a consultas vinculantes números V2777-07 y V1222-10, entre otras, en las que la Dirección General de Tributos (DGT) expresamente viene a manifestar que no hay liberalidad o donación en la medida de que no exista “animus donandi” para el proveedor.

La circunstancia expuesta nos llevaría a defender que estamos ante un gasto fiscalmente deducible, puesto que no existe el referido “animus donandi” en la medida en que dicha renuncia viene impuesta por el propio Real Decreto-Ley 4/2012, como requisito para que el proveedora pueda acogerse al régimen. En cualquier caso, estaremos atentos a cualesquiera pronunciamientos que pudieran producirse al respecto por parte de la propia Agencia Tributaria.

Adjunto les ponemos a su disposición el texto completo del Real Decreto-ley 3/2012, de Reforma del Mercado Laboral, en el que pueden consultar con mayor detalle las importantes novedades introducidas en el ámbito laboral.